La compleja tarea de definir un marco regulador para el sistema bancario tiene un punto de partida común a todas las propuestas, entre las que destacan por su trascendencia las del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), conocidas como Basilea I, II y III. En todos los casos dicho marco ha estado naturalmente orientado a normalizar el procedimiento por el que las entidades deben establecer un elemento de protección suficiente ante un determinado nivel de exposición a los distintos riesgos asumidos en cada momento. La forma en que se ha abordado esta tarea es la que diferencia a las distintas propuestas.
Son por lo tanto tres los elementos clave a considerar a la hora de definir un marco regulador, el nivel de exposición real a riesgo, la estimación de dicho nivel de exposición y la dotación de un elemento de protección prudentemente relacionado con el riesgo estimado. Siguiendo este razonamiento si partimos de un determinado nivel de exposición, cada uno de los marcos reguladores se podrían sintetizar en la forma en que han abordado los siguientes dos procesos:
a) Estimación del riesgo asumido.
b) Definición de las características, estructura y volumen requerido (en relación al riesgo estimado) del elemento de protección.
Así las cosas, podemos caracterizar Basilea I como un marco estandarizado de estimación del riesgo en el que el elemento de protección es el nivel de capital mantenido por la entidad. Este planteamiento limita en gran medida el riesgo de modelo, toda vez que las estimaciones de riesgo no tienen su origen en complejos desarrollos, aunque también presenta el inconveniente de la insensibilidad al riesgo, al menos más allá de la segmentación de la que se sirven los métodos estandarizados de estimación.
Es precisamente este inconveniente el que da origen en 2004 a la propuesta desarrollada en Basilea II, caracterizada por una mayor sensibilidad al riesgo que le transfiere la gran flexibilidad otorgada a las entidades en el proceso de estimación del riesgo. Aunque sigue existiendo la posibilidad de una estimación estandarizada, las entidades más avanzadas se embarcan en complejos desarrollos para la obtención de metodologías de estimación de riesgos (Pilar I: riesgo de mercado, crédito y operativo), de forma que se consigue el objetivo último perseguido con este nuevo marco, promover mejoras en la gestión del riesgo por parte de las entidades, como consecuencia natural de la mayor sensibilidad al mismo.
En otras palabras, si asumir mayor riesgo supone dotar mayor capital (un recurso limitado y costoso), las entidades deben por una parte seleccionar muy cuidadosamente las actividades que desarrollan según el volumen de capital mantenido y por otra parte deberán exigir a dichas actividades compensar el coste de asumirlas, incluyendo el coste de capital (perfectamente identificado según los modelos).
Llegados a este punto resulta crucial destacar como elemento determinante las características del benévolo entorno en el que se ambienta el proceso de implementación de Basilea II, abundancia de liquidez, tipos de interés en mínimos históricos, reducida percepción de riesgo (prima de riesgo) y elevada tolerancia al mismo. Este entorno no es ni mucho menos el más adecuado para el diseño y calibración de los modelos de estimación de riesgos, más aun, resulta propicio para el excesivo incremento del crédito, mayor asunción de riesgos y apalancamiento -dentro y fuera de balance- (en busca de mayores rentabilidades) y el desarrollo de productos tan complejos como opacos.
En este contexto, antes incluso de que se acabara de implementar el nuevo marco, los acontecimientos derivados de la crisis iniciada en 2007 ponen de manifiesto las importantes deficiencias de este nuevo marco, que peligrosamente se acumulan en los dos procesos fundamentales anteriormente referidos:
a) Estimación del riesgo: Como principales deficiencias podríamos destacar la infraestimación, con los nuevos modelos, del riesgo realmente asumido, llegando incluso a fallar en la identificación de determinadas exposiciones y fuentes de riesgo trascendentales.
b) Elemento de protección. En este sentido cabe resaltar no solamente la insuficiencia en los adecuados volúmenes de capital dotados en función al riesgo asumido o la falta de armonización y transparencia internacional, sino incluso la inadecuada estructura y características operativas del capital efectivamente dotado, llegando hasta la incapacidad de los supervisores en la crucial tarea de potenciar la autogeneración de capital en momentos críticos de la crisis. Por otra parte se ha puesto de manifiesto la importancia de otros riesgos, considerados hasta entonces “residuales”, entre los que destaca sobremanera el riesgo de liquidez (recogido en Pilar II), para el que el adecuado capital constituye una condición necesaria, pero no suficiente, como elemento de protección.
